La policía de la capital georgiana utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos el miércoles por la noche para dispersar a los manifestantes alrededor del edificio del parlamento que protestaban contra un proyecto de ley que, según dijeron, podría sofocar la libertad de prensa y la sociedad civil.
Los legisladores aprobaron el martes la primera lectura de la ley propuesta, que exigiría que los medios de comunicación y las ONG que reciben más del 20% de su financiamiento de fuentes extranjeras se registren como “agentes de influencia extranjera”. Más de 60 manifestantes frente al parlamento en Tbilisi fueron arrestados después de la aprobación.
La medida es similar a una promulgada en Rusia en 2012 que se ha utilizado para cerrar o desacreditar organizaciones críticas con el gobierno. Los opositores creen que es probable que impida la intención declarada de Georgia de unirse algún día a la OTAN y la Unión Europea.
Una declaración de Maria Kaljurand y Sven Mixer, dos figuras de alto nivel en las relaciones con Georgia, dijeron que el proyecto de ley “está en contradicción directa con la ambición declarada de las autoridades georgianas de obtener el estatus de candidato a miembro de la UE”.
Los georgianos protestan contra el proyecto de ley de los medios, desafortunados como el uso policial de gases lacrimógenos y cañones de agua

La policía georgiana dispersa a una multitud que protestaba contra la Ley de Agentes Extranjeros utilizando cañones de agua y gases lacrimógenos.
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La declaración agregó: “El objetivo de la nueva ley, bajo el pretexto de mejorar la transparencia, es estigmatizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y los medios”.
El miércoles, los líderes de la protesta pidieron a los manifestantes que impidan que los miembros del parlamento regresen al edificio hasta que se retire la medida.
El asunto estaba programado para ser discutido el jueves, pero los medios locales informaron que la discusión había sido suspendida. La presidenta del Parlamento, Shalva Babuashvili, exigió el miércoles una evaluación de la medida por parte del Comité de Derecho Constitucional de Viena del Consejo de Europa, el principal organismo de derechos humanos del continente.
Si bien la presidenta de Georgia, Salome Zurabishvili, ha dicho que vetará el proyecto de ley, sus autores dicen que es necesario para la transparencia del trabajo de las entidades financiadas por representantes de países extranjeros. El parlamento puede anular un veto presidencial.