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Dos monjas que trabajaban en un hogar de ancianos en Nicaragua fueron expulsadas del país esta semana, en medio de una represión generalizada contra líderes de la oposición, periodistas y la Iglesia Católica por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.
El poderoso presidente ha apuntado al clero de su país, calificando de “terroristas” a los obispos de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Ortega acusa a la Iglesia católica de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que su gobierno calificó de “intento de golpe de Estado”.
Las monjas, ambas costarricenses, llegaron a Costa Rica el miércoles, según la Arquidiócesis de Tillaran-Liberia.
Las hermanas Isabel y Cecilia Blanco Copello, de la Congregación de Dominicas de la Anunciata, dirigían un asilo de ancianos en Nicaragua, según el obispo Manuel Eugenio Salazar Mora.
Salazar Mora instó a sus seguidores a orar por la iglesia y por un obispo nicaragüense llamado Rolando Alvarez, quien fue encarcelado en febrero.
Álvarez, un crítico abierto del gobierno, ha sido condenado por la justicia nicaragüense a más de 26 años de prisión por delitos como menoscabar el estado y la sociedad nicaragüenses, y por supuestamente difundir noticias falsas.
En ausencia de una defensa, el obispo no pudo refutar las acusaciones.
El miércoles, un grupo de monjas trapenses de Nicaragua, que abandonaron el país a fines de febrero, dijo que el gobierno confiscó su convento y lo entregó al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.
CNN está buscando una respuesta del gobierno en ambos casos.
El déspota Ortega y su gobierno desató una campaña de terror político en el país.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido de su patria para evitar la persecución desde 2018, cuando el gobierno de Ortega reprimió las protestas generalizadas contra el régimen, matando a cientos de personas, hiriendo a miles y deteniendo arbitrariamente a muchas más, según Human Rights Watch.
Los manifestantes y sus familias en ese momento a veces buscaron refugio de los ataques de las fuerzas progubernamentales dentro de las iglesias y catedrales del país.
Los obispos de la Conferencia Episcopal también participaron como mediadores del diálogo nacional, reuniendo a diversos sectores sociales con el gobierno en un esfuerzo por buscar una solución pacífica al conflicto político.
Ortega cumplirá un quinto mandato como presidente en 2021. En junio de ese año, su gobierno comenzó a usar una vaga ley de seguridad nacional como justificación para encerrar a los candidatos presidenciales de la oposición, líderes de la oposición, periodistas, activistas de derechos humanos y otros antes de las elecciones de noviembre. elecciones.
En febrero, el gobierno de Nicaragua liberó a más de 200 presos políticos, muchos de los cuales llegaron a Estados Unidos.